40 años de la Cooperación Española en Bolivia: un compromiso de la vida que nos une

Una relación que se inició con la instalación del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) en 1986 ha ido tejiendo una historia de compromiso compartido, plasmada en cuatro marcos de cooperación país y sostenida por convenciones bilaterales clave (1971, 1986, 1998) y una articulada red de Comisiones Mixtas. Desde la década de 2000, España se ha consolidado como uno de los principales aliados bilaterales de Bolivia, acompañando transformaciones profundas en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, el acceso universal al agua y el fortalecimiento institucional, convirtiendo los 40 años de cooperación en una alianza donde la vida que nos une se erige como el eje de unas relaciones cada vez más estrechas, sólidas y comprometidas.

A lo largo de estos años de relación, España ha apoyado a Bolivia con aproximadamente 1.500 millones de dólares en cooperación no reembolsable, desplegada a través de la AECID, los fondos de cooperación descentralizada (Comunidades Autónomas, municipios y diputaciones), recursos de conversión de deuda y cooperación delegada, lo que refleja un compromiso sostenido y diverso a lo largo de 40 años de relaciones bilaterales. Este respaldo económico y técnico se ha traducido en infraestructuras, servicios públicos, programas sociales y capacidades institucionales que han marcado la trayectoria de desarrollo del país.

En el marco del actual Marco de Asociación País 2022-2025, la cooperación se alinea con la Agenda 2030 y se centra en el desarrollo humano sostenible centrado en derechos, la transición ecológica justa, la cohesión social, la gobernanza democrática y la igualdad de género, en diálogo directo con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021-2025.

La suma de alrededor de 1.500 millones de dólares en cooperación no reembolsable, distribuida entre AECID, cooperación descentralizada, conversión de deuda y cooperación delegada, ilustra un compromiso equilibrado y multidimensional que abarca agua y saneamiento, educación, salud, patrimonio cultural, gobernanza democrática, transición ecológica justa y desarrollo productivo.

En el contexto reciente, el Marco de Asociación País 2022-2025 se ha desenvuelto en un escenario complejo, con Bolivia enfrentando los efectos de una profunda crisis política interna y los impactos de la pandemia por COVID-19. Pese a ese entorno, el país ha mantenido una notable resiliencia económica, con un crecimiento promedio del PIB real del 4,3% entre 2021 y 2023, según estimaciones oficiales, aunque se proyecta una ralentización para 2024, asociada a tensiones energéticas, limitaciones en la disponibilidad de divisa extranjera e inflación que alcanzó el 12,03% en enero de 2025. Al mismo tiempo, las cifras sociales muestran avances significativos: la pobreza moderada bajó del 39,0%. en 2020 al 36,4% en 2023, y la pobreza extrema se situó en un mínimo histórico del 11,9%, evidenciando avances en inclusión social que, sin embargo, pueden verse afectados por las presiones económicas actuales.

En el terreno de la transición ecológica justa, la Cooperación Española ha impulsado de forma sostenible y equilibrada el ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento, con programas extendidos en todo el territorio nacional, desde zonas rurales e indígenas hasta ciudades y barrios populares. A través de proyectos establecidos por el Estado boliviano se han fortalecido sistemas de agua potable, saneamiento, tratamiento de aguas residuales y gestión de cuencas, mejorando la calidad de vida de centenares de millas de personas y contribuyendo a la seguridad hídrica y la adaptación al cambio climático. La inversión pionera en infraestructura hídrica y en gobernanza mejora el acceso a servicios básicos, reduce la carga de enfermedades prevenibles y fortalece la capacidad institucional para gestionar de forma transparente y participativa los recursos naturales, en línea con los principios de justicia social y ambiental, además de fortalecer el derecho humano al agua y saneamiento

En cohesión social, la cooperación ha fortalecido el acceso universal a la educación, la salud y la cultura, con un enfoque de derechos que privilegia a las mujeres, los pueblos indígenas, los jóvenes y las personas en situación de discapacidad, en coherencia con el PDES 2021-2025 y la Agenda Patriótica 2015-2025.

En cuanto a programas de salud han mejorado la atención la primaria, la prevención y la atención maternal e infantil, mientras que en educación se han apoyado la mejora de infraestructuras escolares, la formación docente y la inclusión de la diversidad cultural en los currículos. En el ámbito cultural, la cooperación ha impulsado diagnósticos y fortalecimiento de políticas culturales, la promoción de industrias culturales, el patrimonio y el turismo, así como la promoción de la igualdad de género, la participación política de las mujeres y la lucha contra la violencia y la trata de personas, reforzando así la cohesión social y el reconocimiento de identidades.

En materia de gobernanza democrática, la cooperación ha acompañado al Estado boliviano en fortalecer las instituciones clave, promover la reforma del poder judicial, la lucha contra la corrupción y la ampliación de la participación ciudadana, especialmente de las mujeres y grupos vulnerables. La inversión de España ha apoyado sistemas de rendición de cuentas, transparencia, acceso a la información y participación social, así como procesos de modernización de la administración pública y la contratación pública, contribuyendo a entornos institucionales más sólidos y resilientes frente a los desafíos políticos y económicos. Este acompañamiento se articula con la Agenda 2030 y con el enfoque de derechos humanos, que garantiza la participación activa de las comunidades en la definición, monitoreo y evaluación de las intervenciones, reforzando la legitimidad y la apropiación local de las políticas públicas.

En paralelo, la Cooperación Española ha impulsado el desarrollo productivo y el desarrollo rural, con apoyos a la agroecología, la diversificación de la producción, la gestión sostenible de recursos naturales y la eficiencia energética. Estos programas generan oportunidades para pequeños productores, comunidades indígenas y organizaciones sociales, fortalecen cadenas de valor sostenibles y promueven la inclusión de Bolivia en cadenas regionales, como el Mercosur, que abre nuevas oportunidades de mercado y de integración. La cooperación descentralizada, a través de Comunidades Autónomas, municipios y diputaciones, asegura que muchos de estos proyectos se diseñen y ejecuten en diálogo directo con las realidades locales, reforzando la apropiación boliviana y la pertinencia de las intervenciones.

El programa Patrimonio para el Desarrollo constituye una de las apuestas más visibles y simbólicas de la Cooperación Española en Bolivia, al articular la protección del patrimonio cultural con la generación de empleo, la economía local y el turismo sostenible. En la Ruta Jesuítica de la Chiquitanía, por ejemplo, durante más de 20 años se han invertido varios millones de dólares en la recuperación de iglesias y conjuntos misionales, en la formación técnica especializada y en la creación de la Escuela-Taller de Patrimonio en Potosí, Sucre, La Paz, Santa Cruz y Beni, principalmente, que ha generado empleo directo e indirecto para cientos de personas. Este modelo se ha replicado en otros lugares patrimoniales estratégicos, apoyando la elaboración de sistemas de registro, leyes de protección, la formación de técnicos y la articulación con el turismo comunitario, convirtiendo el patrimonio no solo en un bien cultural, sino en un motor de desarrollo territorial y cohesión social.

La presencia de los Centros Culturales en La Paz y Santa Cruz, junto con una red de oficinas descentralizadas, permite que este apoyo se adapte a contextos específicos, múltiples capacidades locales y fortalezca la articulación entre el Estado, la sociedad civil, el sector privado y las organizaciones comunitarias. Cuatro décadas de cooperación han convertido a España en un aliado de confianza que, más allá de la inversión material, contribuye a construir un país más justo, inclusivo, sostenible y respetuoso de los derechos humanos de todas las bolivianas y bolivianos.